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UVE pide la elaboración de un plan municipal de gestión del patrimonio local y la creación de un Consejo Local para la Defensa del Patrimonio Histórico-Cultural
La segunda de las mociones que esta formación llevará al pleno de septeimbre solicita la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de Cabra


José Moreno / Redacción
Domingo, 22 de septiembre de 2019 (08:25:45)

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Unidad Vecinal Egabrense llevará a la próxima sesión plenaria de la corporación municipal egabrense del lunes 30 de septiembre, dos mociones. La primera, en relación con la elaboración de un plan municipal de gestión del patrimonio local y creación de un Consejo Local para la Defensa de nuestro Patrimono Histórico-Cultural y la segunda, solicitando la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de Cabra.

Manuel Carnerero y Mª Sierra Guardeño, ediles de Unidad Vecinal Egabrense. (Foto: J. Moreno)
Las dos mociones remitidas a esta redacción se expresan en los siguientes términos:



Moción que presenta el grupo municipal de Unidad Vecinal Egabrense en relación con la elaboración de un plan municipal de gestión del patrimonio local y creación de un Consejo Local para la Defensa de nuestro Patrimono Histórico-Cultural



La Constitución española, en su artículo 46 establece lo siguiente: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio".



La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, refleja en su artículo 92 g), como competencia propia de los municipios la"Cooperación con otras Administraciones públicas para la promoción, defensa y protección del patrimonio histórico y artístico andaluz".



La Federación Española de Municipios y Provincias redactó en 2014 en documento denominado "RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO", teniendo como objetivo promover la preservación y conservación del Patrimonio Histórico-CuItural, entendiendo por éste el patrimonio arquitectónico, arqueológico, industrial, natural y subacuático, material o intangible, tanto en el medio urbano como en el medio rural, contribuyendo así a la diversidad cultural, a la mejora de la calidad de vida y a la protección del medio ambiente, indispensables para posibilitar unas condiciones de vida adecuadas para los ciudadanos.



Enmarcado dentro de este documento se encuentra, en su artículo 6.1.3, la siguiente recomendación:



"Coordinación y estructura de gestión.- Se trata de uno de los aspectos sustanciales de la gestión para que ésta sea eficaz, ágil y transparente.



Desde el punto de vista municipal es muy importante, en el caso de los conjuntos históricos, que exista una centralización interna, política y técnica de todas las iniciativas que sobre dicho conjunto puedan tener las distintas áreas municipales, para evitar actuaciones de cualquier tipo que se pudieran hacer sin la necesaria evaluación previa sobre su idoneidad.



Esta unidad de "casco histórico" sería la encargada de coordinar también las actuaciones con los responsables de la Comunidad Autónoma competente.



Por otra parte, la estructura de la gestión debe incorporar la participación ciudadana a través de los agentes implicados; es decir, aquéllos que pueden afectar o ser afectados por los bienes en el área, identificando también su grado de representatividad e importancia en el conjunto.



Se recomienda crear un órgano consultivo que se integre en el propio organigrama de la elaboración del Plan de Gestión e incluso en su seguimiento o monitorización posterior"



La riqueza cultural y la abundancia y calidad del patrimonio histórico de Cabra es incuestionable. Sería excesivamente prolijo enunciar todos los bienes inmuebles, muebles o intangibles que posee nuestra ciudad, siendo más fácil mencionar dos referencias, de las muchas existentes, donde podremos conocer la mayoría de este patrimonio. Así, la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, promovida por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de nuestra Comunidad Autónoma o el libro recientemente editado por el ayuntamiento de Cabra y escrito por la historiadora egabrense Lourdes Pérez Moral "Patrimonio cultural y natural egabrense" pueden servirnos de estupenda fuente donde beber de la excelsa importancia de nuestro patrimonio.



Por lo anteriormente expuesto, entendemos que sería de suma importancia para mantener y acrecentar nuestro patrimonio cultural e histórico la ejecución de un plan de gestión similar al recomendado por la Federación Española de Municipios y Provincias y, en todo caso, se hace imprescindible la creación de un Consejo Local para la defensa de nuestro patrimonio cultural e histórico.


En base a lo anteriormente expuesto es por lo que proponemos al ayuntamiento Pleno para su posible aprobación los siguientes puntos de acuerdo:



a) Entendemos como prioritario la elaboración de un exhaustivo informe encaminado a solicitar a la Junta de Andalucía la declaración como Conjunto Histórico de las zonas comprendidas en los barrios del Cerro y la Villa, si bien la delimitación del mismo deberá ser determinada por profesionales expertos en Historia, Arqueología y Etnografía. De esta forma se continuará con el proceso que se comenzó hace más de 30 años y que nunca fue culminado, permitiendo dicha declaración una protección de nuestro patrimonio adecuada a la importancia del mismo, además de las ayudas institucionales que ello permitiría para la rehabilitación y mantenimiento del mismo.



b) Estudiar la posibilidad de ejecutar un Plan Municipal de Gestión del Patrimonio, en base a las recomendaciones establecidas por la FEMP y aprobadas por la Junta de Gobierno de dicha entidad el 16 de diciembre de 2014.



Dicho Plan se basaría en el siguiente esquema de contenidos, reflejado en el documento de recomendaciones de la FEMP:



Identificación de los bienes culturales y sus valores



Bienes de Interés Cultural



Bienes Inventariados



Bienes Catalogados



Delimitación de los bienes y de su entorno de protección



Planeamiento sobre los Bienes



Planes Directores (BIC)



Planes Generales



Planes Especiales



Organigrama de la gestión. Órganos responsables y participación ciudadana.



Programas para la adecuación de los bienes   De restauración/rehabilitación



De actividades y funciones



  De difusión y formación



  Plan de seguimiento de la gestión mediante una lista de indicadores.



c) En todo caso, aprobar la creación de un Consejo Local para la Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico de Cabra, de carácter meramente consultivo y cuyas funciones, entre otras, serían:



Asesoramiento en la elaboración del Plan de Gestión del Patrimonio de nuestra ciudad, en el caso que se acuerde la realización del mismo.



Asesoramiento, estudio y consulta de las cuestiones que, en materia de Patrimonio Histórico, le someta a su consideración el ayuntamiento de Cabra, quien habrá de solicitar informe preceptivo y no vinculante en las siguientes cuestiones:



Las decisiones de todo orden que en materia de patrimonio histórico tome el pleno del ayuntamiento y el resto de órganos municipales.



La confección de los presupuestos municipales en lo que pueda afectar al patrimonio histórico.



Cuando expresamente lo solicite algún grupo político integrante del pleno municipal.



Proponer al ayuntamiento y a cuantas administraciones públicas sea preciso, la adopción de medidas conducentes a la defensa, enriquecimiento y difusión de los bienes que conforman el patrimonio histórico de nuestra ciudad, para lo cual recibirá toda la información que en esta materia se recepcione en el ayuntamiento y que esté relacionada con el ámbito propio del Consejo Local.



Asesorar en campañas formativas y divulgativas sobre el patrimonio histórico de Cabra.



Impulsar la intervención del mecenazgo en las restauraciones y proyectos de divulgación del patrimonio histórico.



• Incentivar la participación de los diferentes entes sociales en las actividades relacionadas con el patrimonio histórico.



  Proceder a la gestión directa de aquellas cuestiones que el ayuntamiento le delegue de forma expresa mediante la encomienda de gestión o cualquier otra figura expresamente prevista en la normativa administrativa.



d) Redactar un reglamento que desarrolle el funcionamiento del Consejo Local, tanto en lo referente a miembros que lo formen, como a la estructura interna del mismo. Entendiendo que las personas que lo configuren deben ser, mayoritariamente, profesionales vinculados a la Historia, la Arqueología y la Educación.

Moción que presenta el grupo municipal de Unidad Vecinal Egabrense al Ayuntamiento pleno referente a la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de Cabra



Los distintos sistemas de contratación pública son un mecanismo idóneo para incidir, de manera positiva, en el desarrollo de las políticas sociales y medioambientales, a través de la introducción en los procedimientos de contratación de cláusulas de contenido social y medioambiental que fomenten que las empresas adopten medidas de responsabilidad social.



Así, podemos entender por cláusulas sociales, laborales y medioambientales aquellas estipulaciones establecidas en los procesos de contratación pública mediante las cuales se incorporan a los mismos cuestiones de política social, laboral y medioambiental, como la calidad y estabilidad en el empleo, la inserción en el mercado laboral de personas desfavorecidas o en situaciones de riesgo de exclusión social, la conciliación de la vida familiar y laboral, el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la salvaguarda de la seguridad y salud laboral, criterios éticos, de sostenibilidad medioambiental, justicia fiscal, de responsabilidad social u otras similares. La inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública puede hacerse bien como requisito previo (criterio de admisión o reserva de mercado), como elemento de valoración (criterio de adjudicación) o como una obligación inherente al contrato (condición en fase de ejecución).



La inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública aprovecha el potencial que la administración tiene en la economía, incrementa ta coherencia entre políticas públicas y garantiza una compra pública ética, sostenible y responsable. Teniendo un doble objetivo, por un lado, proporcionar mercado a las empresas de inserción sociolaboral (empresas de inserción, cooperativas de iniciativa social, centros especiales de empleo o similares), lo que redunda en la generación de empleos de inserción; por otro lado, implicar a las empresas ordinarias con carácter lucrativo en la incorporación sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión (obligatoriedad de contratación de personas en situación o riesgo de exclusión).



Hay diversas posibilidades para incorporar cláusulas sociales en la contratación pública. A continuación se presenta un listado de las mismas:



a. Definición del objeto del contrato.



La legislación sobre contratación pública no define qué puede comprar la administración pública sino cómo debe hacerlo. El artículo 99 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público señala que el objeto del contrato deberá ser "determinado" y se establece que los criterios de adjudicación deberán estar directamente vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.



El poder adjudicador puede definir con total libertad el objeto del contrato que mejor se adapte a sus necesidades, siempre que respete los principios de no discriminación y libre circulación de bienes y servicios. Esto implica que pueden incluirse características de carácter social en el objeto mismo del contrato y además es conveniente hacerlo puesto que valida la posterior inclusión de criterios sociales en la fase de valoración o en las condiciones de ejecución del contrato.



b. Reserva de mercado.



A través de contratos menores y procedimientos negociados.



En la adjudicación de contratos es posible realizar una discriminación positiva a favor de los sectores sociales que operan en el mercado. La reserva de mercado supone la expresión máxima de una cláusula social, al reservar la administración pública parte de un mercado a las empresas de inserción social.



c. Fase de admisión de licitadores. (Como requisito de solvencia técnica según el objeto del contrato).



Cuando el componente de inserción laboral en el contrato sea importante, cabe exigir una solvencia técnica y profesional de carácter social o incorporar exigencias o cualificaciones de tipo social en el apartado de solvencia técnica, ya que si la especificidad y el contenido del contrato contemplan dicha temática, lógicamente ésta conllevará la exigencia de una solvencia técnica determinada. En estos casos, no sólo es lógico requerir experiencia acreditada en la materia social concreta, sino que resulta obligado, pues el órgano de contratación debe asegurarse de que la empresa adjudicataria se halle en condiciones de prestarlo correctamente.



d.- Fase de puntuación (como criterios de valoración).



e.- Criterio de preferencia (en caso de igualdad de condiciones).



Así lo establece el artículo 147 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.



f.- Fase de ejecución (como criterio de obligación).



Una vez determinada la oferta más ventajosa se adjudica el contrato y es posible incorporar criterios sociales en las condiciones de ejecución.



En la exposición de motivos de la Ley reseñada en el epígrafe anterior se dice lo siguiente: "se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo. Estas consideraciones podrán incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución, si bien su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar. En particular, en el caso de las condiciones especiales de ejecución, la Ley impone la obligación al órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o relativo al empleo que se listan en el artículo 202".



Normativa de aplicación



  Normativa europea:



  Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre la contratación pública, por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.



Las Directivas de contratación pública tienen dos objetivos complementarios: en primer lugar aumentar la eficiencia del gasto público y en segundo lugar permitir que los compradores usen más adecuadamente la contratación pública en favor de fines sociales comunes, como conservar el medio ambiente, utilizar más eficientemente los recursos y la energía y luchar contra el cambio climático, fomentar la innovación y la inclusión social y asegurar las condiciones más óptimas para la prestación de servicios públicos de alta calidad. Los principios de esta Directiva se extienden a todas las fases de la contratación.



  Normativa estatal:



  Constitución española. Artículo 40.1: "Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo".



  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la cual profundiza en la vertiente social de la contratación pública.



  Normativa autonómica:



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 18 de octubre de 2016, que presenta como objeto del mismo "la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los contratos que celebre la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, con el fin de contribuir a la promoción y consolidación de un tejido empresarial sostenible, la apuesta por un empleo de calidad, con un fuerte compromiso social y ambiental así como a la consecución de un sistema de contratación pública sostenible, que aúne política social, balance social y redistribución equilibrada de la riqueza, profundizando en las raíces de un Estado del bienestar que promueva la igualdad de oportunidades, pensando en el propio bienestar de generaciones venideras".



Creemos que el ayuntamiento de Cabra debe considerar necesario incorporar cláusulas sociales y medioambientales en su contratación pública al objeto de luchar contra las desigualdades y corregir, en la medida de sus posibilidades, determinadas situaciones y barreras que impiden que la ciudadanía tenga las oportunidades imprescindibles para desarrollar una vida digna en un medio ambiente también sano y sostenible.



Dado lo anterior, es por lo que el grupo municipal de Unidad Vecinal Egabrense presenta al ayuntamiento pleno para su posible aprobación el siguiente punto de acuerdo:



  El ayuntamiento de Cabra fomentará en las distintas fases de los procesos de contratación pública que lleve a cabo la introducción de cláusulas sociales de carácter ético, social y solidario, tales como el fomento del empleo de personas y colectivos desfavorecidos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el empleo de calidad y con derechos, el control del cumplimiento de los derechos laborales de los/as trabajadores/as de las empresas contratadas, la protección medioambiental y el comercio justo o compra ética y responsable.



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